Hay una frase que hemos escuchado
de boca de todos los actores posibles en el ámbito de las relaciones laborales.
La han dicho políticos de distinto signo, la han repetido hasta la saciedad
empresarios y también sindicalistas. Es necesario un cambio de modelo
productivo. Ya esta dicho, una vez más...
En qué debe consistir ese cambio
y para qué, creo que es fundamental aclararlo. El cambio debe consistir en una
apuesta por la industria de manera clara y expresa. Hay que recordar que en el
País Valencià, la destrucción de tejido industrial es previa a la aparición de
la última crisis, en momentos de bonanza económica ya se destruía industria y
empleo industrial. Las políticas del gobierno estatal, y especialmente el
autonómico, incentivando el desplazamiento de las inversiones hacia sectores
altamente especulativos como la construcción residencial en nuestro caso, hizo
crecer una burbuja que, con su explosión, nos llevo a encabezar todos los
ranking de destrucción de empleo y precarización de trabajo y de vida de la
población.
El para qué del cambio de modelo
productivo, es donde con total seguridad los distintos actores defenderemos
objetivos diferentes. Para el movimiento sindical supone una apuesta por un
modelo de empleo estable y con derechos. Donde la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones sea un elemento esencial de la democratización
del mundo del trabajo. Alejándonos del modelo que se impulsa desde las últimas
reformas laborales. No hay que olvidar que la calidad de vida de la inmensa
mayoría de la población está directamente vinculada con sus condiciones
laborales, en un primer momento a través de su salario directo, pero también
cuando se deja de trabajar, sea por situación de desempleo, incapacidad o
jubilación, las prestaciones tienen una vinculación directa con el salario que
se venía percibiendo y por tanto dignificar los salarios conduce, entre otras
cosas, a la dignificación de las prestaciones sociales.
Durante la crisis, a la
destrucción de empleo y de tejido industrial hay que sumar la miopía de
nuestros gobernantes, que a la hora de decidir políticamente sobre la
asignación de los (ahora sí) escasos recursos existentes, se olvidan de
mantener lo que podría suponer la base más sólida para el crecimiento de
nuestra economía, apostar por los sectores con más valor añadido. Esto habría
exigido reforzar la red de institutos tecnológicos, como el elemento clave para
garantizar el impulso de la I+D+i en un territorio como el nuestro, con escasas
posibilidades de hacerlo directamente desde las propias empresas dada la dimensión
de las mismas, pyme y micro-pyme.
Impulsar pues los Institutos
Tecnológicos se convierte en necesidad urgente si se quiere apostar de verdad
por un cambio de modelo productivo. El hecho de que estemos por debajo en
inversión pública de la media española y que a su vez España esté lejos
(también por debajo) de la media europea nos da una dimensión del camino que
nos queda por recorrer. Los países más avanzados han apostado durante la crisis
por mantener la inversión publica en estas partidas, nosotros, por el
contrario, las hemos reducido a la mitad (partiendo de valores ya de por si
bajos).
La financiación de la I+D+i, es
otro tema que tendremos que abordar, en los últimos años hemos visto como hemos
ido pasando de subvenciones que se pagaban con cierta normalidad a los retrasos
generalizados en el pago de las mismas que ha hecho a los institutos
tecnológicos (al igual que a tantas otras instituciones en el País Valencià)
incurrir en gastos financieros inasumibles que les ha lastrado (cuando no
hundido) sus posibilidades de ejecución de programas. Posteriormente se ha ido
pasando de las subvenciones a los prestamos que suponen una menor implicación
desde la administración en el desarrollo de políticas de I+D+i y cerrar la
puerta a muchas posibilidades. Todas estas medidas han llevado a importantes
reducciones de plantilla y recortes en condiciones de trabajo en la práctica
totalidad de los institutos. Establecer un mecanismo de impulso estable y
seguro desde el punto de vista económico y jurídico debe ser una prioridad, los
vaivenes de los últimos años han tenido un coste desmesurado, tanto en
oportunidades desaprovechadas como en perdida de puestos de trabajo. No
olvidemos que se trata de personal altamente cualificado, que ha supuesto un
esfuerzo económico importante tanto por su formación como por su experiencia y
que de este esfuerzo se están beneficiando otras economías por la miopía
política del Consell durante los últimos años.
Otro elemento vinculado a este es
la necesidad de abordar planificaciones plurianuales. No tiene ningún sentido
el esquema de funcionamiento que mantenemos, ya que supone un divorcio absoluto
con la realidad de los programas de investigación, desarrollo e innovación que
suelen abarcar diferentes años. La flexibilidad en estos temas y la
simplificación burocrática son imprescindibles. Actualmente la burocracia que
envuelve la concesión de estas ayudas juega un papel de desincentivación a los
aspirantes, más que de mecanismo de fiscalización y control del correcto uso de
las mismas. No es comprensible que se pierdan recursos y posibilidades por
estas rigideces que no suponen una mejor fiscalización (siempre necesaria y
exigible) de la utilización de los recursos públicos. Tenemos un sistema que
supone que una parte importante de las inversiones que deberían servir para
impulsar la I+D+i acaba convirtiéndose en gasto financiero y por tanto
subvencionando a la banca en lugar del Instituto Tecnológico para el que se
diseñó la ayuda.
En definitiva, se trata de
apostar (de verdad) por un cambio de modelo productivo, que exige como elemento
necesario, pero no suficiente, replantearse el papel de los institutos
tecnológicos, potenciando su vinculación con las empresas y con las universidades.
Hacerlo en un marco de relaciones laborales e institucionales más abierto y
participativo que suponga la llegada, con más de cuarenta años de retraso, de
la democracia a los centros de trabajo.
