lunes, 15 de mayo de 2017

No nos van a callar!

¿Os imagináis una sociedad donde la protesta social sea canalizada de tal manera que generase la menor incomodidad posible a esos miles de ciudadanos que siguen pensando que los progresos sociales, económicos o civiles se dan por el simple paso del tiempo? Puestos a imaginar, que tal un espacio apartado, fuera de la ciudad, una especie de circuito de carreras, el circuito Ricardo Tormo de Cheste me sirve como ejemplo, donde los que quisieramos protestar contra la ocupación de Palestina o del Sahara, contra esta o aquella guerra (como hicimos con la de Irak y tantas otras), contra la corrupción que nos sigue robando el presente y el futuro, contra la reforma laboral, contra el ataque a las pensiones públicas, contra la corrupción o contra el bloqueo de nuestro convenio colectivo, tuviesemos que desplazarnos hasta ese lugar, ese circuito, para manifestarnos allí, una vuelta a la pista, o dos, al gusto de los organizadores, sin molestar a los ciudadanos de bien, los que se levanta sólo para trabajar, pero nunca para reclamar derechos.

Algo parecido podría pasar en esa sociedad con la huelga. Tampoco estoy siendo muy original, ya se está haciendo. Algunas sentencias del Tribunal Constitucional van en esa dirección, confrontar el derecho a la huelga con el derecho al trabajo, convertir la huelga en “una disfunción que no debe alterar el normal funcionamiento de las empresas ni de la sociedad” o como de forma muy gráfica lo vino a enunciar el profesor Joaquín Pérez Rey en el título de un artículo suyo publicado en la Revista de Derecho Social “ El Tribunal Constitucional ante el esquirolaje tecnológico (o que la huelga no impida ver el fútbol)”, una suerte de “que hagan huelga, pero que nadie lo note…”, como si los efectos que provoca la huelga no estuviesen vinculados al propio ejercicio del derecho, como si fuese posible (útil) la huelga sin “efectos secundarios”.


Empecemos por lo obvio, la huelga, el derecho de huelga, un derecho que nadie nos ha regalado (que no llegó por el mero paso del tiempo) y que costó muchas luchas (y pagar un alto precio en detenciones, cárceles, torturas y algunas muertes), es hoy atacado, no ya por un gobierno reaccionario que persigue su ejercicio a golpe de leyes mordaza y código penal, sino también por el propio Tribunal Constitucional al hacer una lectura excesivamente restrictiva de un derecho fundamental como este.

Es la huelga, ejercida incluso cuando no era un derecho, la que ha permitido construir una arquitectura de derechos sociales como la jornada de ocho horas diarias, las mejoras en las condiciones de trabajo o la protección ante situaciones de necesidad (enfermedad, desempleo o jubilación, por ejemplo). Es la presión, y la huelga como máxima expresión de ésta en el ámbito laboral, la que permite avanzar, conquistar derechos, mantenerlos.

El debate político y el jurídico se ha ido aliñando los últimos años con un debate social patrocinado por los intereses del capital en el que se pretendía enfrentar el ejercicio del derecho de huelga no solo con el derecho al trabajo, en el que no han dudado en situar la huelga como un capricho ejercido por “unos privilegiados” frente al resto de los trabajadores que soportan con patriótica resignación peores condiciones laborales (menos estabilidad y peores salarios). La lógica de atacar al que protesta, al que reclama mejoras, al que se organiza, al que lucha, siempre encuentra su público.

Despertar el artículo 315.3 del Código Penal (un artículo que nació en el tardofranquismo) y hacerlo pasar por encima del 28 de la Constitución para perseguir el ejercicio del derecho de huelga, criminalizar al huelguista, mercantilizar los derechos laborales o agitar la bandera del derecho a la libertad de empresa para vaciar de contenido el derecho de huelga, lejos de suponer (como algunos no se cansan de repetir) una visión moderna de las relaciones laborales, supone un salto hacia atrás de dos siglos. El mercado sin reglas, o como ahora les gusta llamarlo, la libertad de mercado, lejos de suponer un paso hacia delante en las relaciones de producción de bienes y servicios, supone retroceder al modelo que funcionaba durante los primeros años de la revolución industrial, ese que tanta desigualdad social originó.

Lamentablemente no estoy haciendo una hipótesis de lo que podría suceder, sino que estoy denunciando lo que ya ha pasado, está pasando, un ejercicio de persecución política y judicial contra el derecho de huelga que se ha concretado en encausar penalmente a cerca de 300 sindicalistas de CCOO y UGT, personas concretas cuyo único delito es luchar por defender los derechos que la clase trabajadora habíamos ido conquistando con años, décadas de lucha y que las últimas reformas laborales pretendían arrebatarnos. Personas como Lola y Gonzalo de Málaga que fueron encausados por participar en la huelga general del 29 de marzo del 2012, como Ricardo Vercher, delegado de CCOO en el METRO de Barcelona por su participación en la huelga general de noviembre de 2014 y para el que se han pedido 5 años de cárcel, como Isma y Dani del grupo de Juventud de CCOO de Catalunya, que pasaron 34 días en prisión por participar en el piquete de la huelga general del 29 de marzo del 2012, como Juanjo y Pedro de Alcalá de Henares por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012, como Pepe, Tomás, Armando, Raúl, Edgar, Rodolfo, Gerónimo y Enrique, los 8 de AIRBUS a los que por su participación en la huelga de 29 septiembre de 2010 se les pedían 8 años y medio de prisión a cada uno, como Tamara y Ana, compañeras de Galicia ya con condena, como Katiana Vicens, Secretaria General de CCOO de Illes balears por su participación en la huelga del  29 de marzo de 2012, como Juan Carlos Asenjo, de CCOO Coca Cola Fuenlabrada por la huelga general de 29 de septiembre de 2012, o como a los compañeros de Comarques de l’Interior aquí en el País Valencia, José Manuel, Anna, Jose y José María por la huelga del 29 marzo de 2012, como tantos y tantas compañeras que dan un paso al frente en la defensa de los intereses colectivos y sobre los que se quiere hacer caer el peso de un artículo preconstitucional que se diseñó ya entonces para frenar las movilizaciones que reclamaban no solo mejores condiciones de trabajo y derechos laborales, sino democracia y libertad en un país gris en el que el dictador moría en la cama mientras la democracia nacía en las calles impulsada principalmente por CCOO. Pues bien, 40 años después, son las mismas CCOO las que vuelven a sufrir la persecución por aquellos que sueñan con una sociedad donde el crecimiento de la desigualdad y la pobreza no tenga contestación por parte del movimiento obrero.

Mañana, 16 de mayo, CCOO y UGT, registraremos en el Congreso de los Diputados una propuesta reclamando la derogación del artículo 315.3 y  la modificación del 172 del Código Penal, para descriminalizar el Derecho de Huelga, y dotar de todas las garantías necesarias a un derecho que no sólo lo recoge la Constitución, sino que además lo recoge dentro del apartado reservado a los Derechos Fundamentales y que como tal, debería gozar de especial protección (y no de la persecución a la que se está viendo sometido).




domingo, 30 de abril de 2017

1 de mayo... A la calle!

El lema con el que salimos a la calle este 1 de mayo,  No hay excusas, empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social, supone la exigencia de los cuatro puntos esenciales para el movimiento obrero sobre los que se tiene que sostener la tan anunciada recuperación que sigue sin llegar a la clase trabajadora.

Tras una década de recorte de derechos y de limitación de libertades, tras haber asistido al saqueo por parte de buena parte de nuestros gobernantes, que se han dedicado a convertir servicios públicos en negocios privados, hundiendo el país en un lodazal de corrupción y desigualdad, tras el auge de posiciones políticas que han venido a sumar al neoliberalismo el neofascismo en no pocos países (y del que el nuestro tampoco se escapa), es el momento de salir a la ofensiva, no ya a defender lo que tenemos, sino a recuperar lo que nos han robado.

El empleo estable no solo es deseable por facilitar la construcción de proyectos de vida a las personas, sino que también es un elemento esencial para el desarrollo de sociedades más cohesionadas. La elevadísima temporalidad en el empleo que sufre nuestro país, no es fruto de un capricho del azar que convierte en la clase trabajadora en material fungible, de usar y tirar. La temporalidad se sustenta en un modelo productivo degradado, en una legislación extremadamente flexible, en unos mecanismos de control del fraude insuficientes y en una cultura empresarial anclada en el siglo XIX que lo que persigue en el fondo no es más que maximizar el beneficio a través de la sumisión del trabajador o trabajadora.

Los salarios justos permiten, no solo garantizar una determinada calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras en activo, sino que también contribuye a reforzar el sistema público de seguridad social y a garantizar la calidad de las futuras pensiones.  La crisis/estafa de la última década ha supuesto una devaluación de  entorno al 20% de los salarios que han pasado a representar menos de la mitad de la tarta del PIB nacional. Sin salarios justos, la clase trabajadora se empobrece y la sociedad se deteriora. En ese camino nos ha metido no solo la crisis, sino la gestión política que de ella se ha hecho y de manera muy clara, la reforma laboral, entre cuyos objetivos primordiales, junto con la debilitación del sindicalismo de clase se encontraba la degradación de la negociación colectiva y por supuesto, la devaluación salarial.

Las pensiones dignas, además de ser de justicia que quien durante toda su vida se ha dedicado a trabajar tiene derecho a disfrutar de una vejez con todas sus necesidades cubiertas y con calidad de vida, también es un mandato constitucional que en el art. 50 las garantiza, así como que sean periódicamente actualizadas.  Pensiones dignas son aquellas que les permiten a las personas mantener el nivel de vida que tenían mientras trabajaban, pensiones que se incrementan si se incrementa el coste de la vida, pensiones que no están al capricho del gobierno de turno. Recordemos aquí que tanto la viabilidad del sistema público de pensiones como la calidad de las pensiones que pueda ofrecer es una cuestión de voluntad política. Llevar como se pretende el debate de la sostenibilidad del sistema a cuestiones estrictamente técnicas supone un engaño a la ciudadanía. La constitución garantiza las pensiones públicas y por tanto, nada impide si el sistema es deficitario, se recurra a los PGE para hacer frente a su pago. El discurso dominante ha centrado todo el debate de pensiones en su insostenibilidad y la necesidad de reducir el gasto (endureciendo requisitos de acceso, retrasando la edad, eliminando la actualización automática vinculada al incremento del coste de la vida, etc) medidas todas ellas que bajo el falso relato de la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema, lo único que hacen es deteriorar la calidad del mismo y reducir el gasto. La sostenibilidad del sistema bien puede conseguirse sin reducir el gasto y por tanto sin excluir a gente de las prestaciones ni reduciendo las cuantías de las mismas, si se decide actuar sobre los ingresos, con medidas técnicamente posibles como destopar las bases máximas y hacer que quienes más cobran, más coticen, al contrario de lo que ocurre actualmente, lo que dotaría al sistema, no solo de más solvencia, sino también de más equidad.

Y más protección social para dar respuesta a tantas personas, a tantos colectivos, que se encuentran en pleno siglo XXI desamparadas, el Estado social que propugna nuestra Constitución en su artículo 1, no puede dar la espalda a la ciudadanía cuando ésta más lo necesita. No es posible que la mitad de los desempleados de este país no tengan acceso a ningún tipo de prestación, no es de recibo que en la crisis más dura de las últimas décadas, con niveles de paro altísimos, el gobierno decidiese reducir las prestaciones de desempleo, los retrasos en el reconocimiento de algunas prestaciones y un largo etcétera de situaciones no cubiertas, exigen actuaciones decididas. Desde CCOO ya presentamos una ILP exigiendo una renta mínima garantizada que pudiese ayudar a las personas en situación de mayor necesidad, seguramente no es suficiente, pero sí es totalmente necesaria.


El 1 de mayo es importante llenar las calles de reivindicación, no ya para frenar recortes, sino para lanzarse a la ofensiva, a recuperar derechos, para lanzarle un mensaje claro al gobierno actual y a los partidos que por activa o por pasiva lo sostienen, para decirle que no vamos a seguir siendo los paganos de sus prácticas corruptas, de su ambición de poder y de dinero desmesurada, que no nos van a amedrentar con leyes mordaza ni con ninguna otra medida de presión, que estamos cansados de que el futuro se parezca cada vez más al pasado y de que todo eso ya ha llegado a su fin. CCOO salimos a la calle, conscientes de las dificultades pero convencidos, como decía Joan Fuster “que tot està per fer i tot es possible”.


A la calle, por las personas que tienen un trabajo precario y por las que no tienen trabajo, por las que cobran una pensión y por las que cuentan los días para jubilarse, por las que acaban de perder el trabajo y por las que acaban de encontrarlo. A la calle, para recuperar derechos, para conquistar nuevos, para ganar el futuro…

miércoles, 26 de abril de 2017

¿Tienen futuro las pensiones?

Lo primero que me viene a la cabeza cada vez que tengo que hablar, escribir o debatir sobre el sistema público de pensiones es la necesidad de tener que explicar algo tan obvio como que se trata de un tema más político que técnico. Resulta obvio  que el sostenimiento de un sistema público que garantice pensiones suficientes precisa de una construcción técnica importante, pero lo fundamental es la decisión política sobre los niveles de cobertura social que nuestro Estado está dispuesto a garantizar a las personas que alcanzan determinada edad y por tanto, del nivel de vida que queremos para nuestros mayores. 

La Constitución Española define nuestro Estado como social y democrático de Derecho en su artículo 1. Aunque algunos pasan de puntillas y otros directamente lo pisotean, hay que tener presente que un Estado social debe velar por el bienestar de su ciudadanía a lo largo de todas las etapas de la vida, también en la vejez. Además, nuestra Constitución en el art. 50 lo concreta en los siguientes términos: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. 

Vale la pena detenerse a analizar lo que la Carta Magna exige a los poderes públicos y que no es otra cosa que la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad y le dice además como debe hacerlo: mediante pensiones adecuadas y “periódicamente actualizadas”. 

¿Qué son pensiones adecuadas? Puede parecer un concepto abstracto y en cualquier caso altamente subjetivo, pero deja claro que serán adecuadas aquellas que les permitan tener suficiencia económica, dicho de otro modo, que económicamente (al menos) les permita llevar una vida digna. Añade además un elemento que para CCOO es central, su actualización periódica. Sobre este tema vale la pena desarrollar unas pocas líneas. Si recordamos el tan denostado por algunos, Pacto de Toledo, en el mismo, entre otras cosas se consiguió apartar la actualización de las pensiones del debate político-partidista. Un mecanismo simple que vinculaba el incremento anual de las pensiones a la evolución del IPC y que por tanto con un efecto directo muy claro, mantener el poder adquisitivo de la pensión durante toda la vida de la persona pensionista. Recordemos que este mecanismo fue atacado en su momento por el PSOE al congelar las pensiones el año 2011 y destrozado posteriormente por el PP al imponer de manera no pactada el Índice de Revalorización de Pensiones que desvincula el incremento de las mismas de la evolución del IPC. 

Antes de adentrarnos en las últimas reformas y sus efectos, creo que es importante recordar que otro elemento constante en la debate de las pensiones desde finales del siglo pasado, el mantra de “el sistema público de pensiones es insostenible” y ante tal apocalíptica afirmación, se han elaborado propuestas de todo tipo que bajo la promesa de hacer “sostenible” el sistema, lo han ido transformando en “insuficiente” (al reducir la cuantía de las pensiones y evitar su actualización) e “inaccesible” (elevando los requisitos de acceso lo que minimizará la prestación de muchas personas). En este sentido, siempre me ha resultado muy revelador recordar como para el año 2.000 se presagiaban grandes males para la humanidad en general y para el sistema público de pensiones en particular. 

Algunos recordaréis como se anunciaron tres acontecimientos importantes, dos de los cuales iban a afectar al conjunto de la población mundial y el tercero sólo a los españoles y españolas (en el supuesto caso de haber superado los dos anteriores). El primero de ellos era el “efecto 2.000” que iba a inutilizar todos los ordenadores del planeta. Mucho se escribió sobre aquello y algunos, los más previsores no repararon en gastos para hacerle frente. Diecisiete años después podemos arriesgarnos a afirmar que aquello no produjo el efecto esperado (o al menos se está retrasando bastante). El segundo acontecimiento, más preocupante si cabe que el anterior, fue la predicción del polifacético diseñador Paco Rabanne de que ese mismo año 2.000 llegaría el fin del mundo (lo cual colocaba el problema informático en un segundo plano). Con los datos que dispongo, me puedo arriesgar a aventurar que tampoco esto sucedió. El tercer acontecimiento, cuyos efectos se circunscribirían exclusivamente al ámbito nacional, fue la predicción por parte del BBVA de la quiebra del sistema público de pensiones (no nos consta que fueran asesorados por Paco Rabanne) y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la altruista propuesta por parte del BBVA en particular y por el sistema bancario en general de que nos hiciéramos planes de pensiones privados. Bueno, casi dos décadas después de todo aquello, y a pesar de las múltiples agresiones sufridas por quienes anunciando su fin no paran de toquetearlo, nuestro sistema público de pensiones goza de mejor salud que cualquiera de los privados. 

Analicemos ahora en que situación se encuentran por un lado la sostenibilidad del sistema y por otro como se está garantizando que las pensiones sean “adecuadas y periódicamente actualizadas”. 

Como sabemos, el sistema publico de pensiones español, es un sistema contributivo y de reparto que se sostiene sobre la solidaridad intergeneracional (los activos de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy). Se trata de un sistema contributivo por nutrirse de las aportaciones que realizamos trabajadores y empresarios y por ser precisamente el hecho de haber realizado esas aportaciones, lo que nos da derecho a percibir llegado el momento, la pensión correspondiente. De esta breve explicación se puede deducir una primera idea: para que el sistema sea sostenible, debe existir un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Ha sido una obsesión de los últimos gobiernos, a la que ha contribuido de forma importante la presión del lobby financiero, el extender la idea de que la sostenibilidad solo era posible actuando sobre los gastos del sistema. Con esa premisa como base para todas las “propuestas” que se han ido elaborando, han jugado con factores como “retrasar la edad de jubilación” (hacer que la gente contribuya durante más tiempo, para cobrar durante menos), “endurecer los criterios de acceso” (exigir más años cotizados para acceder al 100% de la pensión), “eliminar la actualización automática vinculada al IPC” (con lo que las pensiones no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida y los pensionistas pierden poder adquisitivo), etc.

Los gobiernos han hecho durante todo este tiempo oídos sordos a las propuestas que desde CCOO y también desde algunos partidos de izquierdas se han ido realizando, de poner el foco en los ingresos. Es ahí donde se puede actuar para hacer real aquello que la Constitución establece como derecho para todas las personas, las pensiones adecuadas y actualizadas. 

Actuar sobre los ingresos se puede hacer de diferentes formas. Una primera es generando más y mejor empleo, actuando también sobre los salarios, incrementando el SMI lo que habría supuesto, no solo la mejora directa de condiciones de vida para muchos trabajadores y trabajadoras, sino también, el incremento de las bases mínimas de cotización y de la recaudación. No olvidemos que las cotizaciones dependen de manera directa de los salarios. 

En esa misma línea de incrementar los ingresos, se ha planteado la necesidad de incrementar las bases de cotización máximas. Esta medida, además de incrementar ingresos, según nuestros cálculos, unos 8.626 millones de euros/año más de cotización, también supondría dotar de mayor equidad al sistema ya que hoy, los salarios más bajos soportan una cotización mucho más alta que los salarios más altos y por tanto, contribuyen en mayor medida al sostenimiento del sistema. 

Se han propuesto más medidas, como que los gastos de gestión de la Seguridad Social, corran a cargo de los presupuestos generales del estado (como ocurre con el resto de administraciones del Estado) y no a cargo de las cotizaciones de empresas y trabajadores. Esta medida supondría un ahorro anual de más de 2.640 millones de euros. 

Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación con lo que las políticas activas de empleo pasarían a ir a cargo de los PGE en lugar de hacerlo con cargo a la Seguridad Social (600 millones de euros en 2013).

Estas medidas junto con algunas más y una decidida persecución del fraude a la Seguridad Social en nuestro país, supondría un incremento de los ingresos que podría ir mucho más allá del pretendido ahorro que el ejecutivo persigue a través de la imposición del Factor de Sostenibilidad y el Índice de revalorización de Pensiones.

A modo de conclusión, señalar que aunque hay multitud de elementos que condicionan la estabilidad de nuestro sistema público de pensiones, ninguno de ellos por si solo es determinante, como se ha querido señalar al apuntar por ejemplo aspectos demográficos y de esperanza de vida descontextualizándolos de otros elementos como la evolución de los salarios y de la productividad. El jugar con todos ellos de manera ponderada es lo que nos puede y nos debe permitir, en la línea de las propuestas lanzadas por CCOO, dotar al sistema de sostenibilidad, incrementando los ingresos, para poder mantener la calidad del mismo y sus niveles de cobertura, sin olvidarnos, que el mandato constitucional, el Pacto de Toledo e incluso la misma Ley General de la Seguridad Social, no cierran la puerta a que en caso de necesidad, se pueda financiar, también por vía presupuestaria. Por ello CCOO, va a seguir defendiendo un sistema público de pensiones sostenible, actualizado y que garantice la vida digna de las personas. Es urgente un cambio de políticas que generen empleo estable y de calidad; derogar las reformas laborales, mejorar los salarios y reforzar las redes de protección social. Sin ese cambio de rumbo la crisis nunca terminará para la mayoría social, para la clase trabajadora. Es una exigencia social, económica y democrática.

lunes, 10 de abril de 2017

CCOO PV, un sindicato a la ofensiva

Pasada ya casi una semana del XI Congreso de CCOO PV, pienso que es momento de valorar la situación en la que se encuentra la organización y sobre todo de proponer estrategias sindicales de cara al futuro.

Consciente de que el papel (y su versión digital) lo soporta casi todo, hemos asistido estos días, por parte de ciertos medios de comunicación, a un relato que se sostiene sobre lo anecdótico (seguramente la simplificación y la caricaturización de las posiciones vende más que el análisis riguroso) obviando que la organización se encuentra involucrada en un proceso que se había ido definiendo ya hace muchos meses y que debía concretarse en poner en práctica aquello que habíamos debatido en la experiencia de “repensar el sindicato” y que ha nutrido buena parte de los documentos que están formando parte de los procesos congresuales.

En mi opinión, se ha tratado de situar la confrontación de ideas en el terreno de los personalismos, siendo esta una simplificación peligrosa ya que sitúa la organización en el terreno de la inacción política, presa de una inercia peligrosa. En este congreso se han enfrentado dos formas de ver y de entender CCOO PV, una organización sindical y sociopolítica, con una tradición de lucha en los centros de trabajo y en las calles que hay que renovar para adaptarla a los nuevos tiempos, estos que nos toca vivir, en los que una parte importante de la clase trabajadora o no tiene trabajo o si lo tiene es tremendamente precario, donde se han ido desdibujando las relaciones laborales, donde ha crecido la desprotección y la desigualdad, donde tras años de conquista de derechos, vivimos una década de pérdida de los mismos, de falta de identidad, de confusión generalizada. El sindicato es el mayor garante de igualdad de las democracias, no solo para la mejora de las condiciones de trabajo, sino también para tejer redes de protección social para las personas.

El proceso de “repensar el sindicato” nos ha servido para escuchar a los dirigentes, también a las bases, y aunque algunas preguntas no han encontrado respuesta, se han construido, a partir de ahí, propuestas colectivas. Una organización más abierta y horizontal, hacia dentro y hacia fuera, más próxima y menos interiorizada. Uno de los motivos de discrepancia entre las dos candidaturas presentadas en nuestro congreso era precisamente esa forma de entender el sindicato, por eso, aun sin compartir la extraordinariedad de un tercer mandato por parte del secretario general, pero entendiendo que se había asumido la responsabilidad de configurar una dirección plural, se presentaron propuestas construidas desde la idea de una única dirección que recogiese esa diversidad. No se supo (o no se quiso) entender, y el giro de timón en tiempo de descuento se acompañó de un relato más propio de una novela negra y que permitiese evitar el verdadero debate.

Otra de las conclusiones de “repensar el sindicato” era la necesidad de recuperar nuestro espacio en la sociedad. Un sindicato menos interiorizado. Tras casi una década de ataque sistemático al sindicalismo en general y a CCOO en particular, necesitamos pasar de la resistencia a la ofensiva, retomar la referencia en la movilización social, liderando o acompañando, creando hegemonía, ilusionando al conjunto de la clase trabajadora. Nuestra doble estructura nos permite atender los dos frentes, las federaciones en los centros de trabajo, los territorios en la sociedad. CCOO PV es una organización territorial, tiene un papel sociopolítico claramente definido y que no puede limitarse a su papel institucional (absolutamente necesario pero no suficiente). Proponer una candidatura donde se combina la experiencia en órganos de dirección con la incorporación de dirigentes sindicales provenientes de sus centros de trabajo y con activistas sociales (feministas, LGTBI, Derechos Humanos), pretendía precisamente eso, dotar a los órganos de dirección de una visión más plural, más panorámica (si se quiere) de esta realidad compleja en la que estamos inmersos.

En las entrevistas que hemos podido leer este fin de semana, Arturo León, nuevo Secretario General, ha manifestado en repetidas ocasiones que el sector que han venido llamando “continuista” ha hecho ofertas más que generosas durante el proceso de negociación. Sería necesario aclarar, para olvidarnos ya de este tema y poder mirar cara al futuro (ese era nuestro lema del congreso), que esas ofertas calificadas como “más que generosas” mantenían vetos en lo cualitativo (se vetaba la participación de una parte importante de la organización en los espacios de gestión interna del sindicato) y en lo cuantitativo (se concretaban en un 25% de presencia en los órganos de dirección, incrementada posteriormente a un 30%, y que como han evidenciado las votaciones, quedaban muy lejos del 45% de respaldo obtenido en el propio congreso).

Así que una vez pasado el congreso y a falta de conocer la configuración de los equipos de dirección, es importante definir hacia donde debe ir el sindicato para dar respuesta a los importantes retos que tenemos que afrontar.

Una dirección de integración sería una apuesta estratégica inteligente en un contexto político complicado. La confrontación vivida no puede (no debe) ser sostenida durante los cuatro años que nos separan del próximo congreso. El sindicato debe afrontar sin más demora retos en lo interno y en lo externo.

En el interno debemos ser capaces de construir un equipo de dirección plural, donde todas y todos nos podamos sentir reconocidos y donde, independientemente de la lista a través de la cual accedió a la dirección, se pueda aportar el mejor saber hacer al conjunto de la organización. Tenemos retos organizativos y retos de gestión. En lo organizativo debemos avanzar en transparencia y participación, en aprovechar sinergias y que las organizaciones que conforman la Confederación de CCOO del País Valencià se complementen para fortalecerse, frente a las tácticas de confrontación entre nuestras organizaciones que nos acaban debilitando. En la gestión, recordar que a final de este año finalizará el ERTE que venimos aplicando y que nos ha permitido realizar (junto con otras medidas), ajustes importantes en la partida de personal. Es necesario establecer un diálogo con el Comité de Empresa para identificar las posibilidades de actuación y trabajar el consenso necesario para acometerlo. Los esfuerzos que hemos realizado y los que nos va a tocar realizar, deben servir para identificarnos todos, sindicalistas, dirigentes, trabajadoras y trabajadores de CCOO PV en un proyecto común, sólido, potente y de futuro.

En el externo tenemos que recuperar el protagonismo en la sociedad que corresponde a la primera organización no solo sindical, sino también social, del País Valencià. Tejer redes de complicidad con los movimientos sociales, con la sociedad civil organizada. Ganar interlocución con el Govern de la Generalitat para impulsar políticas progresistas, de recuperación de derechos para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general. Se debe recuperar la gestión pública de los servicios prioritarios, poner en práctica una potente política industrial, e impulsar el papel de la GV como garante del empleo público y de calidad. Reforzar la presencia en las empresas, los polígonos, centros comerciales, de servicios públicos… y desde ahí hacer pedagogía y construir hegemonía. Son retos apasionantes y es el momento para iniciar esa ofensiva.

El tiempo de las resistencias quedó atrás, CCOO PV tiene que construir, y lo va a hacer, un proyecto para la mayoría social, un proyecto renovado, plural y útil a la clase trabajadora en un contexto tan nuevo como cambiante.



domingo, 2 de abril de 2017

La renovación es ahora

¿Por qué la renovación es ahora?

Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. El cambio no puede esperar. Nos hubiera gustado hacerlo de otra forma, consensuado, entre todas y todos, pero las resistencias y el miedo al cambio no son futuro. Es necesaria una nueva dirección si queremos un nuevo tiempo sindical. Así empieza una nueva etapa, ilusionante y alentadora, para que esta organización siga haciendo historia. El futuro nos pertenece.


Porque entendemos  que debemos volcarnos en la acción sindical y sociopolítica, de forma planificada y coordinada con todas nuestras realidades y organizaciones Es el momento de ideas, no de máximas inamovibles.



Porque debemos desplazar los personalismos y liderazgos por proyectos y equipos de trabajo, el aparataje burocrático por mecanismos dinámicos. Es el momento de cambiar la opacidad por la transparencia. 


Porque debemos reforzar los pilares de una organización equilibrada económicamente. No tenemos infinitos recursos, y no nos podemos permitir el lujo de desperdiciarlos. Es el momento de ser responsables en la gestión de lo que es de todos y todas.



¿Para qué esta candidatura?



A lo largo de los últimos años el sindicato se ha enfrentado a un proceso intencionado de descrédito del movimiento sindical, que no hemos sabido combatir. Pero también hemos cometido errores. Nuestra falta de reacción nos ha alejado en ocasiones de las trabajadoras y trabajadores. Seamos autocríticos para poder avanzar. La mirada crítica, también hacia nuestros actos, ha de ser un valor en la cotidianidad de nuestra organización.



Porque entendemos que en demasiadas ocasiones hemos estado, más pendientes de lo que ocurría en el interno de nuestra organización que lo que pasaba ahí afuera. Es necesario volcarnos hacia fuera, profundizar y mejorar nuestra capacidad de intervención en la empresa y en territorio, desde la humildad, con mayor cercanía y generosidad.


Naturalmente, tenemos, todas y todos, objetivos compartidos. Esto nos une. La lucha contra la injustica social, las desigualdades, la exclusión o el modelo social del patriarcado que conlleva el terrorismo machista, la mejora de las condiciones de trabajo, y el acceso a una vida digna. Son lugares comunes. Pero el cómo hacerlo no lo es.

Lo que se está pretendiendo es seguir en las mismas dinámicas y ahí las diferencias son importantes. Por ello esta candidatura. No podemos seguir como hasta ahora, gestionando desde el conflicto interno, desde las diferencias entre organizaciones, desde los personalismos…todo ello nos priva de un debate fructífero y por contra aumenta la opacidad, la desconfianza y nos aleja de lo importante. 

Nos aleja de nuestras afiliadas y afiliados, de nuestras delegadas y delegados Ellas y ellos son lo importante, son el sindicato, y deben sentir de forma continua el calor de una organización de clase como la nuestra. Ellas y ellos deben opinar, y también decidir, y no sólo en un congreso cada cuatro años, sino ante las grandes decisiones. La democracia se construye día a día porque siempre está en peligro. Y debemos alimentarla con el debate, educándola en la diversidad y fortaleciéndola con mecanismos de participación.



Compañeras y compañeros, esta candidatura apuesta fuerte por todos estos ideales, urge un cambio, un viraje, una nueva forma de acercarnos a esta realidad injusta, para transformarla. Necesitamos una organización que, orgullosa de su pasado y presente, mire sin complejos hacia un futuro más justo y democrático. Las Comisiones Obreras se lo merecen. Vamos a hacerlo.




lunes, 5 de diciembre de 2016

LA OTRA CONSTITUCIÓN DEL 78

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

Mañana se celebra el día de la Constitución Española del 78. He querido recuperar el texto literal de un artículo, el 35. Podría haber elegido otros, como el art. 37 que habla de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (destrozada por la reforma laboral de 2012) o el art. 41 que dice que los poderes públicos garantizarán prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo (mientras se produce recortes de prestaciones en periodos de alta destrucción de empleo y se llega a niveles de cobertura lamentables), por citar solo un par, pero tras conocerse el acuerdo PP-PSOE respecto al SMI, he decido centrarme en el que habla del derecho al trabajo y a una remuneración suficiente.

En primer lugar señalar, aunque sea obvio, que ese derecho constitucional que tenemos al trabajo, es hoy más un anhelo que un hecho. Y denunciar que el gobierno, lejos de esforzarse por cumplir esta parte de la constitución, aprovecha la más mínima coyuntura adversa, la mayor parte de las veces, consecuencia de sus propias políticas, para destrozar la arquitectura de protección social y derechos laborales que de manera incipiente  habíamos conseguido levantar.  Son las políticas llevadas a cabo en los últimos treinta años lo que explica la nefasta situación de nuestro mercado de trabajo, y los altos niveles de desigualdad social y pobreza que padece la sociedad española.
Más de 4.3 millones de personas desempleadas según la última EPA (un 18.91% de tasa de paro) y una tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo bajo mínimos, el 54.2% (frente al 78.4% de 2010), suponen un ejército de reserva de tal volumen que, salvo que el Estado intervenga para garantizar aquello que le corresponde garantizar, el pleno empleo, convierte a la clase trabajadora en una simple mercancía más en un mercado deprimido y deprimente. Una tasa de paro que no contabiliza, obviamente, por definición, ni los procesos de emigración de mano de obra que se han producido durante la crisis, y que han conllevado una caída de la población activa, ni el deterioro del empleo generado, en una parte importante a tiempo parcial, lo que ha supuesto un claro reparto del trabajo y del salario entre trabajadoras.
Las reformas laborales, especialmente las últimas, han servido fundamentalmente para abaratar el factor trabajo, debilitando la capacidad de intervención de los trabajadores en la regulación de sus condiciones laborales a través de los sindicatos que los representan. Además esta estrategia de devaluación salarial no ha conseguido una mejora del nivel de nuestra competitividad  en los mercados exteriores, o al menos no con la misma intensidad que la propia devaluación.  Esta competitividad vía precios también depende de la política de tipo de cambio llevada a cabo por el Banco Central Europeo.  Para lo que sí ha servido este proceso de reducción de salarios ha sido, para mejorar los márgenes de beneficios de las empresas, lo que se ha traducido en una importante ganancia de las rentas de capital en el reparto del PIB, un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y en un menor dinamismo de la demanda interna, especialmente por el escaso crecimiento del consumo interno.
La reforma laboral, en los aspectos que tocaban a la negociación colectiva, ha roto el derecho constitucional a la fuerza vinculante de los convenios colectivos, que era precisamente lo que permitía que los convenios colectivos sectoriales ayudasen a propiciar cierta cohesión social, en un país como el nuestro, donde el tejido productivo está constituido fundamentalmente por pequeña y micro empresa. La ruptura de esa red de protección de la negociación colectiva implica que hoy muchas más personas ven referenciadas sus condiciones salariales en el SMI, pasando del 28.7% en 2006 al 34.36% en 2015, no ya solo aquellas que no tienen convenio de referencia, sino incluso otras, que teniéndolo han visto como, fruto de la reforma laboral, se han impulsado convenios colectivos de empresa a la baja o inaplicaciones de convenios (negociadas en gran medida por personas sin ninguna garantía para poder afrontar una negociación real, lo que supone una mera imposición empresarial vestida de acuerdo).
Por ello es necesario hablar de SMI, como garantía de que esa remuneración suficiente que exige la constitución del 78 se dé de manera efectiva. Es fundamental marcarse el objetivo del 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España y para ello, es incuestionable el aumento hasta los 800 euros para 2017 tal y como han planteado CCOO y UGT y cuya propuesta ha sido llevada al parlamento por Unidos Podemos. Sorprende y decepciona el comportamiento que en este tema ha tenido el PSOE, alentando a los sindicatos ante una reivindicación que es de justicia y pactando (horas después) con el PP una propuesta que queda muy lejos de lo comprometido.
El SMI en España bordea el umbral de la pobreza, el riesgo de pobreza en nuestro país crece (28.6%) situándose en valores preocupantes sobre los que ya viene advirtiendo la propia UE. Actualmente en España un 35% de las personas asalariadas (5.9 millones de personas) cobra menos del SMI, una volumen de personas notablemente superior a los años previos a la crisis
El SMI es por tanto importante por ser una referencia en la configuración del salario de cada vez más personas en nuestro país, motivo por el cual, una revisión en la línea defendida desde CCOO tendría efectos positivos, no solo de manera directa sobre los trabajadores y trabajadoras que pudieran ver aumentar su salario por la directa aplicación de este incremento, sino también por suponer un estímulo al consumo y la economía, una mejora en las cotizaciones a la seguridad social (ayudando a hacer más sostenible el sistema) y un freno a la creciente brecha salarial y social que se está generando con las políticas laborales impulsadas por el gobierno del PP.
Es pues esa otra constitución del 78 la que reclamamos y la que olvidan aquellos que se declaran con autobombo como “constitucionalistas”, y que no dudaron en reformar esa “incuestionable” Carta Magna para garantizar el pago de la deuda antes que la atención a las necesidades básicas de la población. Es esa Constitución de 1978 la que debería servir como base para garantizar derechos de la ciudadanía y conseguir mayores cuotas de cohesión y justicia social.





miércoles, 19 de octubre de 2016

Respuestas de un obrero que lee

El 29 de marzo de 2012 CCOO y UGT convocamos una Huelga General contra la reforma laboral del gobierno del Partido Popular. Habían pasado poco más de doce meses de la anterior, en este caso contra un gobierno del PSOE. El mismo 2012 aún tendríamos que convocar otra más.

Para CCOO la huelga es un instrumento de defensa de nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras, en aquel momento fue la respuesta de una clase trabajadora organizada ante una constante agresión por parte del gobierno que nos convertía en paganos de una crisis que nosotros no habíamos provocado.

Desde antes de las 00.00 horas de aquel 29 de marzo, fuimos miles de trabajadores y trabajadoras los que participamos en la infinidad de piquetes informativos que se repartían a lo largo y ancho de nuestro país. Eran muchas las llamadas de personas que pedían que organizásemos piquetes ante sus centros de trabajo, para poder “justificar” su ausencia ante la dirección de la empresa, que ya se había encargado de atemorizar a las plantillas con las “consecuencias” que se podrían generar en caso de hacer uso de su derecho fundamental de huelga. Los “piquetes patronales” sembraron el miedo en unos trabajadores precarizados, conscientes de las elevadísimas tasas de desempleo de nuestro país. El coctel perfecto para que el temor pesase mucho a la hora de tomar decisiones.

La inmensa mayoría de piquetes cumplieron con su función, como han venido haciendo desde que se instauró la democracia y con ella los derechos fundamentales que recoge la Constitución, como es el ejercicio de huelga, sin mayor contratiempo que los típicos insultos de quien se siente bien tratado por un sistema que cada día nos hace más pobres y desiguales. Pero por algún motivo que cuesta mucho pensar que fuese fruto del azar, en determinados lugares (a lo largo de la geografía nacional), las fuerzas de seguridad del estado  se emplearon con una entrega que difícilmente se podría justificar por la actitud de los piquetes. Esos agentes olvidaron que su misión no debería ser otra que proteger a aquellas personas que habían decidido ejercer su derecho fundamental a la huelga (artículo 28 CE) frente a aquellos otros que pretendían anularlo, vaciarlo de contenido o secuestrarlo.

Manifestación de apoyo a la Huelga General del 29M de 2012
La noche se hizo larga, como todas las noches de huelga, con momentos de tensión, que solo se soportan bien desde la convicción de que la lucha es el único camino para la clase obrera no ya de ganar derechos, también de mantenerlos.

Han pasado cuatro años de aquella noche, mañana a las 10 de la mañana, José Manuel, Anna, Jose y José María cruzaran la puerta del juzgado acusados de vulnerar los derechos de los trabajadores. Ninguno de los cuatro es dirigente de empresa alguna que amenazó a sus empleados con el despido si se les ocurría secundar la huelga, ninguno de ellos ejerció violencia alguna contra trabajador o trabajadora que estuviese haciendo uso de su derecho fundamental constitucionalmente reconocido de secundar la huelga para defender sus derechos y los de sus compañeros y compañeras. No, José Manuel, Anna, Jose y José María son cuatro de esas miles de personas que se pasaron la noche y el día recorriendo los polígonos industriales y los centros de trabajo informando a otros trabajadores que tenían derecho a decir basta, a expresar su oposición a una reforma laboral que (como ya se ha demostrado) solo perseguía devaluar salarios y hacernos más vulnerables.

José Manuel, Anna, Jose y José María se enfrentan, cada uno de ellos, a peticiones de penas de cárcel de dos años en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal. Creo que es necesario en este punto rebobinar un poco en el tiempo para conocer el origen de ese artículo. Hay que ir al año 1976 exactamente, todavía no se había aprobado la Constitución del 78. Las normas que regían nuestra convivencia eran las del franquismo. Franco murió en la cama, pero la democracia no nació en esa habitación, ni en ningún despacho, la democracia la trajeron nuestras gentes, los obreros organizados principalmente en las CCOO y en el Partido Comunista. Las calles exigían cambios, eran tiempos duros, difíciles, arriesgados. En ese momento, las huelgas convocadas por nuestros compañeros se multiplicaban, dificultaban el propósito de muchos de continuar el franquismo sin Franco. En ese momento, los que ostentaban el poder sabían que tenían que  reprimir la protesta, se pusieron manos a la obra, una de las medidas, modificar el Código Penal, incorporar el redactado actual del artículo 315, la justificación no tenemos que imaginárnosla, podemos releer los motivos que el gobierno daba para tan urgente  reforma “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.

Aquel artículo contenía (y contiene) tres referencias. La primera parece garantizar el derecho a la libertad sindical y la huelga penalizando a quienes los impidan o limiten. El segundo eleva la pena en caso de que la actuación antisindical se ejerza con violencia. El tercero (el que más nos interesa), castiga con esa pena incrementada a los que “coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga”.

Posteriormente, la constitución española reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental y por tanto, especialmente protegido. El código penal por su parte mantiene en su artículo 315.3 un redactado franquista que persigue con más saña a quien en el ejercicio de su derecho monta un piquete de huelga que al que en el ejercicio de su poder (económico o de dirección) impide a alguien ejercer su derecho de huelga. Que hay una contradicción entre la Constitución y el Código Penal es evidente. Que el gobierno del PP, que ha modificado el Código Penal para limitar derechos y libertades (Ley Mordaza), no ha querido adecuarlo al mandato constitucional también. Que un artículo como el 315.3 que llevaba décadas “dormido”, despierte simultáneamente en toda la geografía nacional con jueces y fiscales de diferentes comunidades autónomas empecinados en perseguir sindicalistas no parece fruto del azar y sí de una división de poderes muy desdibujada por no decir inexistente.

Es evidente que mañana no se juzga solo a José Manuel, Anna, Jose y José María, mañana se juzga a toda aquella persona que no solo sabe que para conseguir derechos y mantenerlos hay que luchar cada día, sino que además lucha. Mañana se juzga al sindicalismo de clase por su empecinamiento en enfrentarse al poder establecido. Mañana se juzga a todos esos héroes de la clase trabajadora que nadie conoce, a los que nunca verán su nombre en un libro o en una placa, a todas aquellas personas de las que nadie se acuerda, a los que nadie agradece, a los nadie… a los de siempre…

  
¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?
En los libros se mencionan los nombres de los reyes.
¿Acaso los reyes acarrearon las piedras?

Bertolt Brecht “Preguntas de un obrero que lee”


NOTA: Este artículo está dedicado a la compañera y los tres compañeros que mañana se sentarán en el banquillo por defender mis derechos... y los de toda nuestra clase. Si la justicia funcionase, mañana debería archivar la causa que se sigue contra ellos, pedirles disculpas y agradecerles sus esfuerzos por construir un mundo más justo.